Pueblo Lenca de Reitoca reafirma lucha para detener proyecto hidroeléctrico "Petacón" en el Río Grande a pesar de fallo contra los defensores Wilmer Alonzo y Orlando Rodas.

Al dictar sentencia condenatoria contra los defensores Wilmer Alonzo y Orlando Rodas por el delito de “perturbación de un derecho real” - que ni siquiera se les había imputado -, el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán ha cometido prevaricato para favorecer a la empresa hidroeléctrica PROGELSA frente al Pueblo Indígena Lenca de Reitoca. La resolución judicial es una muestra grave hasta dónde llegará el Estado hondureño para reprimir los legítimos derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto su autodeterminación y la defensa de sus territorios ancestrales.

Los defensores han sido reprimidos en sus derechos a proteger el Río Grande de Reitoca, a través de violencia y la criminalización por más de 5 años derivado de acusaciones penales espurias que fueron presentadas contra los defensores con el fin de neutralizar la legítima resistencia al proyecto hidroeléctrico “Petacón” sobre el Río Grande de Reitoca, que no contaba con el consentimiento del Pueblo Indígena Lenca afectado.

Haciendo gala de su falta de conocimiento de las leyes y tratados de los que Honduras es parte, el tribunal se refirió al endeble concepto de "socialización" en lugar de al de Consentimiento Libre, Previo e Informado y Consulta de Buena Fe según el Convenio 169 OIT en relación con los proyectos extractivos y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

Como no había pruebas para condenar a los acusados por los delitos inventados de los que se les acusaba -usurpación y daños agravados-, los jueces del tribunal se encargaron de condenarlos por un delito del que no se defendieron durante el juicio oral y público, el de "perturbación de un derecho real", delito tipificado en el anterior código penal.

El Estado hondureño, a través del Ministerio Público, detuvo a los defensores a instancias de la empresa, operada por la Familia Arevalo Fuentes y Arevalo Canahuati con financiación internacional inicial, que presentó una denuncia inventada y sin pruebas contra los defensores y otras personas defensoras de la zona Lenca afectada, denegando el reconocimiento del Pueblo Lenca y sus derechos específicos.

Durante el juicio, la defensa recordó al tribunal sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de defender los derechos del pueblo lenca de Reitoca, que tiene títulos de propiedad comunal que se remontan a la época colonial, y especialmente su derecho a ser consultado de buena fé como propietarios colectivos del territorio.

El juicio demostró que las y los manifestantes contra el mega proyecto hacían uso de su derecho legítimo a la protesta y que fueron víctimas de la violencia policial y militar. El ejecutivo de la empresa Boris Alvarez Canahuati confirmó en su testimonio que la empresa coordinó constantemente con la seguridad del Estado para responder a las protestas que la comunidad había emprendido para mostrar su repudio al megaproyecto a lo largo de 2018.

Es más, los documentos presentados durante el juicio mostraron que el Pueblo Lenca de Reitoca presentó numerosas denuncias por los daños causados por la instalación ilegal del proyecto; también mostraban que las autoridades municipales de Reitoca nunca dieron a la empresa la autorización requerida para operar. A pesar de esto, el tribunal, para favorecer a la empresa, falla que se perturba un derecho real, basado en una licencia ambiental obtenida por la empresa, cuando la licencia ambiental no constituye un derecho real.

Exhortamos el reconocimiento y aplicación de los derechos del Pueblo Indígena Lenca de Reitoca y el fin de inmediato a la criminalización de los defensores del Río Grande de Reitoca.

“Soy orgullosamente Lenca y agradezco a mis padres, y a nuestros ancestros aquí presentes con nosotros. Voy a ser Lenca hasta el día de mi muerte y agradezco a nuestros Pueblos que nos enseñan y forman en este amor a nuestro medio ambiente.” - Orlando Rodas.

“Nosotros hicimos muchas denuncias y nunca fuimos escuchados. Se tomó la decisión de hacer el control territorial porque nuestro deseo es que nuestro río no sea encarcelado y que siga fluyendo libremente.” Wilmer Alonzo