Dos defensores del río Guapinol finalmente reciben cartas de libertad definitiva; deben seguir en proceso administrativo para recuperar plenamente su libertad
El jueves 23 de enero de 2025, miembros del BJP acompañaron a Carlos Leonel George y Marco Tulio Ramos al Juzgado de Letras de Tocoa para reclamar sus tan esperadas cartas de libertad definitiva. La pareja de defensores del medio ambiente, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, fue criminalizada por primera vez en 2018 después de que la empresa minera Los Pinares presentara cargos falsos contra ellos y 30 personas mas en un intento de silenciar la oposición al proyecto extractivo de la empresa, que incluía una mina a cielo abierto de óxido de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Aunque inicialmente el Juzgado de Letras de Competencia Territorial Nacional dicto en marzo de 2019 un sobreseimiento definitivo para 16 personas defensoras quienes habían presentado de forma voluntaria, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán luego revocó la decisión inicial del juzgado inferior contra cinco personas, entre ellas Carlos Leonel George, Marco Tulio Ramón, Reynaldo Domínguez, Juan López, todos representados por el BJP, y Adalid Cedillo, que cuenta con representación privada.
Esto llevó a años de batallas en los tribunales, que finalmente llevaron a la Corte Suprema de Justicia a fallar a favor de los defensores, mediante la resolución de un recurso de amparo. Aunque la Corte de Apelaciones de La Ceiba intentó entorpecer el proceso para los defensores ordenando en septiembre de 2024 que su proceso legal comience de nuevo, el BJP argumentó que un nuevo juicio contravendría sus derechos al debido proceso, con lo que la Corte Suprema estuvo de acuerdo; por ello, la CSJ finalmente ordenó que el juzgado de primera instancia en Tocoa emitiera la resolución definitiva a su favor y, como resultado, hoy los defensores tienen finalmente sus cartas de libertad definitiva en mano.
Ahora, los defensores deben dar otro paso ante la Policía Nacional, para solicitar que las órdenes de captura sean eliminadas definitivamente del software de éste cuerpo de seguridad del Estado. En el país, de manera reiterada personas defensoras de derechos humanos son recapturadas por la Policía Nacional, aún cuando el Poder Judicial haya emitido una contra orden y aún cuando los oficios hayan sido recibidos por la Dirección Policial de Investigación de la Policía Nacional, lo cual constituye un abuso más en el tortuoso camino que sufren las y los defensores en el marco de la criminalización.
Durante años, los defensores han sido objeto de detenciones y arrestos arbitrarios por parte de la policía, ya que sus antecedentes mostraban que tenían acusaciones pendientes. Los cinco defensores pasaron 11 días en prisión preventiva arbitraria en 2019; otros ocho defensores que pasaron mas que 900 días en prisión preventiva arbitraria antes de que fueron liberados aún no tienen sus cartas de libertad definitiva y, como resultado, siguen en riesgo de ser detenidos.
Cabe señalar que, aunque en un principio había cinco personas en este expediente, como resultado de las amenazas contra él relacionadas con la instalación del proyecto minero, el Sr. Reyandlo Domínguez ha sido desplazado forzosamente; por las mismas razones, el Sr. López fue asesinado en septiembre de 2024, mientras seguía siendo criminalizado por el Estado hondureño y Los Pinares. El Estado de Honduras esta en deuda con los defensores que llevan más de nueve años de resistencia legítima al megaproyecto extractivo Emco Holding.
Además, es importante señalar que aunque los defensores criminalizados cuentan con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, no se ha producido una aplicación efectiva de las medidas y sus vidas siguen en riesgo.
