Pronunciamiento del BJP ante recientes ataques contra familias campesinas en el Bajo Aguán
Ante la situación de violencia y despojo que se desarrolla en el Bajo Aguán, contribuyendo al ya delicado y adverso contexto que enfrentan las comunidades campesinas y organizaciones agrarias en la zona, el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), manifiesta lo siguiente:
Reconocemos el legítimo derecho de las familias campesinas a recuperar sus tierras y a vivir en ellas en paz. Exigimos que el Estado de Honduras garantice la protección de sus derechos y la debida restitución de su tierra.
Condenamos enérgicamente el uso de la violencia por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado “Los Cachos” que opera en la zona con total impunidad. Estas acciones benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas.
Nos solidarizamos con las familias de la “Cooperativa Campesina Tranvio”, y condenamos la violencia indiscriminada que enfrentan actualmente, por lo que nos sumamos a las denuncias y pedimos al Estado su protección física inmediata. Resulta inaceptable que, tras más de un mes, desde el desalojo ilegal y desplazamiento forzoso contra la Cooperativa Campesina Camarones ocurrido el 24 de diciembre de 2024, supuestamente por el mismo grupo armado “Los Cachos”, el Estado no haya brindado ni siquiera las garantías más básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.
Alertamos con preocupación que la Cooperativa Campesina El Chile, vecina de Tranvio y Camarones, enfrenta también amenazas, violencia y riesgo inminente y exigimos al Estado que adopte también de manera urgente medidas efectivas para garantizar la integridad física y la seguridad de las familias de El Chile y el ahora desplazado Camarones.
Al mismo tiempo, condenamos el uso continuo e impune de las redes sociales para fomentar campañas de difamación e incitación a la violencia contra las familias campesinas organizadas, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), la Plataforma Agraria y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, y sus liderazgos. Dichas campañas han sido reiteradamente denunciadas pública y penalmente ante las autoridades correspondientes sin ninguna respuesta. Al permitir su uso continuado sin sanción, el Estado hondureño está contribuyendo a aumentar la inseguridad y el ambiente de terror para las personas defensoras de los derechos humanos y sus familias en la zona, mientras permite que la narrativa perpetúa las falacias para promover los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.
Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facusse, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguán, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente.
Nos solidarizamos con COPA, la Plataforma Agraria del Bajo Aguan, el CMDBCPT y las comunidades rurales y campesinas que protegen sus tierras y recursos naturales que viven en un ambiente de terror debido a la violencia empresarial; los crímenes en su contra deben ser investigados y sancionados de forma independiente y el Estado debe intervenir sin confabularse por intereses económicos y políticos, y aplicar medidas para solucionar los problemas de raíz para evitar más asesinatos, heridos y desplazamiento forzado en la zona. La intervención estatal debe pasar por la inmediata implementación de la Comisión de la Verdad para el Bajo Aguan que debe contar con las garantías mínimas para su función, entre ellos el personal y los recursos económicos necesarios y garantía de cooperación del Estado.
28 de enero de 2025
