Militarización y Régimen de Excepción incrementan denuncias de tortura en Honduras

Comunicado en apoyo a las víctimas de la tortura en Honduras

26 de junio, 2024

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, manifestamos nuestra profunda preocupación porque en Honduras no se apliquen las salvaguardias legales fundamentales para garantizar el debido proceso y que, por el contrario, en el marco del estado de excepción declarado desde diciembre 2022 y vigente hasta la fecha, las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, la desaparición forzada, la criminalización a personas defensoras de derechos humanos, el despojo de tierras ancestrales y la tortura y los malos tratos, sigan incrementado en el país.

En contravención con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, se le han otorgado facultades a la Policía Militar de Orden Público de las Fuerzas Armadas, para detener y realizar allanamientos sin orden judicial en contra la población civil. De igual forma, las fuerzas castrenses mantienen el control y gestión del sistema penitenciario, con poca o nula rendición de cuentas y mecanismos de control civil.

La profundización de la militarización en Honduras, ha puesto en situación de extrema vulnerabilidad a mujeres, niños, niñas, adolescentes marginalizados de barrios con altos índices de pobreza, pueblos indígenas, afrodescendientes y negros, personas privadas de libertad en centros de reclusión, así como a personas defensoras de derechos humanos.

Tal como lo estableció el Comité contra la Tortura de la ONU, órgano que recientemente revisó la situación de Honduras, los retos en materia de seguridad que enfrenta el Estado como consecuencia de la violencia que se vive en el país relacionada con las acciones de maras, pandillas y el crimen organizado, no pueden justificar las prórrogas del estado de excepción, las cuales no han sido extraordinarias, temporales y debidamente justificadas, conforme al derecho internacional de derechos humanos.

La amplia participación de la Policía Militar del Orden Público desempeñando tareas policiales de seguridad pública, ha estado lamentablemente correlacionada con el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, así como con casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de varios operativos policiales y militares. Lo anterior, se ha recrudecido con las acciones arbitrarias del Ministerio Público y del Poder Judicial que han dado lugar a graves violaciones contra la población y las personas defensoras de derechos humanos.

Preocupantemente, la tortura y los malos tratos siguen siendo cometidos por las fuerzas del orden durante las primeras horas de la privación de libertad, el traslado y la detención en postas policiales e instalaciones militares.

Asimismo, dentro de los centros penitenciarios, existen altas tasas de sobreocupación, ausencia de políticas de rehabilitación integral y reinserción social e importantes deficiencias en las condiciones materiales, respecto del abastecimiento de alimentos, y en la atención médica y psicológica. Nos preocupa en particular la situación que enfrentan las mujeres y los niños, niñas y adolescentes privados de libertad, así como las muertes violentas ocurridas dentro de los centros penitenciarios y de internamiento (como en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva y la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social) que no son debidamente investigadas y sancionadas.

Por lo anterior, hacemos un llamado enérgico a las autoridades del Estado para que, tal como lo ordenó el Comité contra la Tortura de la ONU, garantice la investigación imparcial de todas las denuncias de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, así como las relativas a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante el estado de excepción para que los responsables sean sancionados en un esfuerzo para garantizar la no repetición de estos graves delitos.

Las víctimas y sus familiares de estos crímenes atroces deben ser plenamente reparadas por el Estado, así como reconocidas y apoyadas por la ciudadanía en su conjunto. En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un reconocimiento por la incansable y admirable lucha de víctimas y familiares que buscan un país en el que se garantice el debido proceso y no se torture a ningún/a ciudadano/a hondureño/a.

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Para mayor información comunicarse con: Esther Salinas del C.P.T.R.T.; Carlos Paz de Cáritas, Junior Zuñiga del Bufete Justicia para los Pueblos, Asger Kjærum del IRCT o con Olga Guzmán, de la Organización Mundial Contra la Tortura.